El caso de Andrea, sin embargo, no ha tenido una solución sencilla. Los pediatras del Hospital Clínico de Santiago no querían acceder a los deseos de los padres para que retiraran la alimentación de la niña, y un juez ha tenido que intervenir en dos ocasiones. Tampoco le fue fácil a
Inmaculada Echevarría en 2007 que le retiraran el respirador. La mujer llevaba más de 10 años viviendo gracias a la máquina, sin poder salir del hospital, víctima de una enfermedad que le impedía moverse. Al final, ante la negativa del centro concertado que la trataba, tuvo que ser trasladada a otro hospital para que se cumpliera su voluntad. Este hecho llevó a Andalucía a promulgar una ley de muerte digna, una iniciativa que luego siguieron Aragón, Baleares, Canarias y Navarra.
El ministro ha manifestado que plantear esta nueva norma sería "abrir otro debate" que situaría "en posición incómoda a todo el mundo". Con ello expresa su rechazo a iniciativas como la propuesta por el secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, de regular incluso la eutanasia. Esta propuesta también es defendida por partidos de izquierda, como IU, Podemos o Equo-Verdes, como se puso de manifiesto en
un debate organizado la semana pasada por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). En este momento, el Código penal no permite la eutanasia —que un médico dé un tratamiento a un paciente con el fin de acabar con su vida, aunque sea a petición de este y esté en situación terminal y con mucho sufrimiento—, y lo considera un homicidio. También está penada la ayuda necesaria al suicidio —la práctica que
acaba de legislar California—.