Los En la lucha contra la corrupción, una de las tendencias más habituales en política es derivar hacia el ámbito judicial, y más en concreto al penal, los comportamientos de este tipo. No deja de ser otra huida hacia delante de los políticos, entre otras cosas porque los tribunales de Justicia no están preparados para asumir causas penales complejas, como la de los ERE o el caso Bárcenas. Los jueces y fiscales son conscientes de que solo pueden investigar y condenar un número muy determinado de delitos en el mar de la corrupción. No tienen medios personales ni materiales suficientes para que el grado de eficacia en la lucha contra la corrupción sea aceptable para una democracia sana.
Hay que pensar, además, que la mayoría de los casos se descubren pasado algún tiempo, que las instrucciones son lentas y que muchos de los delitos prescriben o, en el peor de los casos, los gobiernos de turno solventan el caso con un indulto. La vía judicial, aunque es la única que permite zanjar responsabilidades de forma definitiva, no es la que satisface del todo la necesidad democrática de erradicar la corrupción. El empeño político de que sea esta vía la protagonista absoluta de esa lucha no es más que otra forma de protección mientras no se doten a las fiscalías y a los tribunales encargados de los asuntos de medios suficientes para ser efectivos.
Es así como la política diluye en el aparato judicial y en sus resoluciones las responsabilidades políticas, aplazando asumirlas más allá de los límites mínimamente decentes. ¿Cuándo hay responsabilidad política? No se sabe si en el momento de la imputación, en el del procesamiento, en el momento del banquillo, en la condena o en la resolución definitiva de la sentencia judicial en el Tribunal Supremo.
La misma situación se da desde el punto de vista ético. Desde la política se tiende a plantear que en un país democrático es ético aquello que es legal y por tanto la responsabilidad se diluye también en el aparato jurídico. Precisamente son planteamientos éticos y morales los únicos llamados a recuperar el prestigio de la política. Las responsabilidades políticas tienen que ver mucho con el planteamiento ético. En España la determinación ética está totalmente diluida, por eso nadie dimite cuando se producen escándalos como el de Bárcenas.
Para ello es necesaria la regeneración, y ésta tiene que provenir directamente de los partidos, que implanten códigos éticos precisos para dotarlos de mayor transparencia. Hasta ahora los partidos han vivido protegidos de la opinión pública, en sus limbos, administrándose sus cuentas, manejando sus escalas de ascensos y descensos. La recuperación de códigos éticos requiere asumir la transparencia y la democratización interna como base de sus actuaciones. Significa sacar de la esfera privada los actos de corrupción, como ha ocurrido con el caso Bárcenas, y asumir un compromiso ético público. La estrategia del PP en este asunto y la del PSOE en el caso de los ERE no es otra que la de señalar a un culpable, un delincuente como Bárcenas, o un grupo de irresponsables de baja monta, como los actores andaluces de los ERE.
Aún así no se pude negar la responsabilidad personal de la corrupción, pero en un marco institucional que la favorece, como es el de la actual estructura de los partidos políticos, diseñados para conseguir el poder y permanecer en el mismo.
Más allá de las obligaciones administrativas o jurídicas los partidos políticos están obligados a recuperar el prestigio a través de la autorregulación ética. El camino es, como decía más arriba, la democratización interna y la transparencia. Deberían, como mínimo, consensuar códigos de comportamiento ético que sean revisables por sus propios militantes, que sean sancionables en caso de incumplimiento y que sean transparentes en sus procesos para que los ciudadanos nos sintamos aliviados a la hora de evaluar a los que gobiernan y a los que aspiran a gobernar.
