Decenas de embarazadas en riesgo de exclusión en la Comunitat Valenciana se han acogido a la ayuda de la Renta Garantizada de Ciudadanía para intentar facilitar su inserción social y laboral. Durante el pasado año, 106 gestantes accedieron a esta prestación que otorga la Conselleria de Bienestar Social para que no tengan que abortar por la imposibilidad de no poder sacar adelante a sus hijos. Una cifra muy superior a la de 2012 cuando fueron beneficiarias 77 gestantes.
Esta misma semana, expertos jurídicos, médicos, académicos y científicos que forman el Comité de Bioética, -un órgano consultivo que ha estudiado el anteproyecto de la ley del aborto- pedían al Gobierno la inclusión en la polémica contrarreforma de medidas «explícitas» de apoyo a las madres, especialmente «en circunstancias gravosas».
El informe de este comité ha sido elaborado a propuesta del Ministerio de Justicia y muestra que para lograr el objetivo que persigue la ley, que es la reducción de los abortos, deben contemplarse también medidas basadas en la salud, la prestación de servicios, el funcionamiento del mercado de trabajo, la vivienda y la ayuda económica. Esta semana está previsto que el Gobierno y las autonomías estudien la reforma en el ámbito sanitario.
Sobre las medidas de apoyo a mujeres sin recursos a embarazadas, desde la Conselleria de Bienestar Social explican que la Renta Garantizada de Ciudadanía, -este año la partida es de 23,6 millones, un poco más que la de 2013, que era de 23,5 millones-, es solo una de ellas. Desde 2009, el número de beneficiarias ha sido de 526 y para obtener esta prestación, la administración tiene en cuenta varios criterios: desde el nivel de ingresos de su entorno hasta las cargas familiares. La media económica que reciben está en los 400 euros al mes. En el caso de embarazadas que son menores de edad existe otro recurso específico: los centros residenciales, donde la Administración ha atendido en los últimos cuatro años a 39 adolescentes entre 13 y 18 años que esperaban un hijo y a 31 bebés.
En la Comunitat Valenciana hay tres servicios de este tipo, uno en Alicante y dos en Valencia, que ofrecen una atención integral a menores que están en guarda y/o tutela de la Generalitat. La oferta es de 22 plazas.
