El Gobierno vasco ha aprobado esta mañana un código ético que afecta a cerca de 300 altos cargos del Ejecutivo y de las sociedades públicas, que incluye toda una serie de compromisos "de obligado cumplimiento" con el objetivo de "recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos". El portavoz y consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, ha sido el encargado de presentar este documento, cuyos dos grandes ejes son: el hecho de que aquel cargo que lo incumpla o no lo suscriba será cesado en un plazo de 15 días; y la puesta en marcha de una comisión de seguimiento que se encargará de su cumplimiento.
El código pretende "fomentar la integridad ética y la actuación eficiente" del personal directivo de la Administración autonómica. El texto recoge una guía de "estándares mínimos de conducta", aunque se trata de un documento abierto a la mejora progresiva. Entre los comportamiento que deberán mantener las personas afectadas por el código se encuentra la no aceptación de "trato de favor injustificado" y evitar las prácticas que puedan levantar "sospechas de favoritismo".
El personal concernido por este documento deberá abstenerse de realizar negocios o actividades que puedan "colisionar con los intereses públicos", así como evitar conductas que puedan dar lugar a "conflictos de intereses" entre la esfera privada o familiar y la pública. Además, se deberá evitar la aceptación de "donaciones o regalos más allá de los relativos a los usos habituales o a la cortesía".</div><div><br></div> <div>El código establece que no se podrá mentir o "falsear" los datos del currículum profesional y que tampoco se podrán desempeñar cargos en entidades "que puedan colisionar con los intereses públicos".
Respecto a la no inclusión del incumplimiento de los compromisos electorales entre las conductas sujetas a este código, Erkoreka ha destacado que el texto está abierto a posibles mejoras o ampliaciones.
Comisión de ética
Con el fin de supervisar el cumplimiento de este compromiso, se creará una 'Comisión de ética pública' integrada por dos personas del Gobierno vasco y dos expertos independientes. Este órgano analizará el cumplimiento del código y recibirá las observaciones o quejas que puedan presentarse por el comportamiento del personal afectado por el mismo.
En función de la gravedad de los comportamientos comprobados, podrá proponer al Consejo de Gobierno el "cese inmediato" de un determinado cargo. En los casos de posibles delitos o faltas, trasladaría el caso al Ministerio Fiscal.
