El Colegio de Abogados de Córdoba ha suscrito un convenio de colaboración con el Forum de Derecho, Ética y Deporte. El acto tuvo lugar esta mañana en la sede de la asociación de letrados. La firma pretende incentivar la creación de seminarios para la investigación y docencia en referencia académica, jurídica y ética con el fin de elevar el número de acciones sociales en Córdoba. El acuerdo lo han sellado el Decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido Giménez, y el Director del Forum, José Manuel Ríos Corbacho.
A continuación, bajo el rótulo “Dopaje y Corrupción en el Deporte”, se ha celebrado en el mismo salón de actos del Colegio de Abogados de Córdoba una mesa coloquio. A la misma, han acudido José Luis Pérez Triviño, Coordinador del Forum de Derecho, Ética y Deporte, Juan Manuel Lillo, entrenador de fútbol profesional, Adolfo Aldana, exjugador internacional y actual seleccionador andaluz de fútbol, y Diego Medina, patrono de la Fundación CórdobaCF.
La globalización y la relación de culturas han favorecido la consideración de deportistas como reclamos publicitarios y modelos a seguir. De tal modo, el deporte es la suma de valores. “Ello debe ser aprovechado para que las gestas y proezas no se queden en un recinto deportivo para favorecer su olvido, sino aprovechar las hazañas y revertirlas en la sociedad como educación y respeto”, ha explicado Giménez.
La repercusión produce que la juventud imite las pautas de conducta de sus ídolos. Sin embargo, una sociedad cargada de doble moral e hipocresía que no tolera el consumo, exige a los deportistas rendir al máximo nivel. Es por lo que “en algunos momentos, el jugador o deportista es la víctima, ya que está expuesto a una presión social y mediática desmedida”, ha relatado Pérez Triviño.
Las acusaciones de dopaje han enturbiado los éxitos deportivos en los últimos años. No hay deporte que se salve de la quema, mayoritario o minoritario. Por todo ello, los organismos públicos y privados españoles han aunado esfuerzos para mostrar “tolerancia cero” con el dopaje. Sin embargo, la sentencia de la “Operación Puerto” ha dejado en entredicho la justicia y legislación en España.
