El pulso que la Administración española y la multinacional farmacéutica Sanofi Pasteur acaban de librar a cuenta de la vacuna contra la varicela es un ejemplo altamente ilustrativo de la necesidad apremiante de regular la actuación de los lobbies, esa recurrente tarea siempre enunciada y nunca realizada. En España no hay ninguna regulación sobre los grupos de presión, entendiendo como tales las empresas, asociaciones o corporaciones que en defensa de sus intereses intentan influir en los grupos para modificar las leyes. En el Parlamento ha habido varios intentos de grupos minoritarios, interesados en que se conozca la “trazabilidad de las leyes”, es decir, que se hagan públicas, como en otros países, las reuniones de los diputados con los lobbies que tratan de que los proyectos legislativos atiendan a sus intereses. Algunos grupos, como UPyD, lo hacen por su cuenta.
Mariano Rajoy anunció su intención de regular estos grupos en su primer debate sobre el estado de la nación como presidente, en febrero de 2012, pero su propuesta quedó aparcada. Dos años después, el pasado 27 de octubre, el PP propuso al resto de grupos reconocerlos y legalizarlos en el Congreso. El punto de partida es que en Europa, solo Portugal y Grecia están en la misma situación que España y no tienen regularizada la actuación de los grupos de presión en sus respectivos Parlamentos.
La propuesta del PP incluye crear un registro de lobbies, de tal forma que solo el que esté apuntado tenga capacidad de actuar en el Parlamento; elaborar un código de buenas prácticas y dar transparencia a su actuación obligando a publicar las agendas de los diputados. En principio, todos los grupos mostraron su disposición a estudiarlo.
Incluso colectivos directamente afectados, como la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), reclaman hoy ese control, convencidos de que los conflictos de intereses no tienen por qué tener efectos nocivos si se manejan con transparencia. De hecho, la actividad de los grupos de influencia está ampliamente regulada en otros países. Los ejemplos de Estados Unidos y la Unión Europea son bastante claros. es de 2007, tras un escándalo de regalos que salpicó al Gobierno de George W. Bush y a congresistas republicanos. Un conocido lobbista fue condenado a cuatro años de cárcel por sobornar a representantes públicos por medio de regalos y viajes. Desde entonces, la ley prohíbe a los legisladores aceptar sus regalos, limita el presupuesto de sus comidas, amplía el periodo de veto para que un excongresista se haga lobbista y obliga a los lobbies a divulgar cada cuatro meses sus actividades. Por ejemplo, se puede saber qué empresas hacen aportaciones a proyectos de ley.
“Es un juego a largo plazo”, explica por teléfono Lee Drutman, analista de New America, un think tank en Washington. “Los lobbistas”, agrega el experto, “buscan moldear el ambiente por medio de una sutil pero continua interacción con los políticos clave”.
Son un elemento intrínseco a la política de EE UU: toda empresa que quiera ser escuchada debe pasar por ellos. En 2013, los sectores que más gastaron fueron el asegurador e inmobiliario (489 millones de dólares) y el sanitario (487 millones). “Hacen más lobby los sectores que van bien”, afirma Drutman. Como victorias del sector menciona el éxito de los bancos en suavizar la reforma financiera tras la crisis de 2008 y de las aseguradoras y hospitales en hacer lo mismo con la reforma sanitaria del presidente estadounidense, Barack Obama. De hecho, el gran salto en la inversión se consolidó en 2009 con su entrada a la Casa Blanca. nes de toda índole con un objetivo único: influir en las instituciones de la UE en defensa de los intereses de sus representados. A un radio de un kilómetro y medio de la sede de la Comisión Europea, principal centro de poder comunitario, pocos edificios de oficinas escapan de las placas que anuncian los nombres de grupos de presión de toda índole: financieros, energéticos, industriales, medioambientales y también organizaciones de defensa de los consumidores.
En Bruselas hay cerca de 30.000 lobbistas, frente a los 31.000 funcionarios que trabajan en el Ejecutivo comunitario, según los cálculos de Corporate Europe Observatory, una organización independiente que pide más transparencia en la UE y que calcula que invierten anualmente…
Fuente: El País
